El gobierno nacional ha implementado esfuerzos significativos para reducir o eliminar una serie de impuestos, incluyendo las retenciones y el impuesto PAIS, en un intento por aliviar la carga fiscal sobre los ciudadanos y las empresas. No obstante, Argentina sigue siendo reconocida como uno de los países con la mayor presión tributaria a nivel global.
De acuerdo con un informe reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el país se encuentra en una posición desventajosa en comparación con otros treinta países analizados, incluidos los del G-20. Este estudio revela que Argentina tiene el segundo impuesto a las ganancias más alto, solo superado por Colombia, y el cuarto impuesto al valor agregado, detrás de Brasil, Italia y Uruguay. Además, ocupa el primer lugar en impuestos sobre débitos y créditos, así como en impuestos al patrimonio y derechos de exportación.
La complejidad del sistema tributario argentino es otro factor que agrava la situación. Mientras que muchos países no superan la decena de impuestos, Argentina tiene un total de 150 tributos. A pesar de la reciente derogación de algunos impuestos, los tributos provinciales y municipales se mantienen en 28 y 82, respectivamente. Sorprendentemente, el 85% de la recaudación total se concentra en solo seis tributos, lo que indica una ineficiencia en la estructura fiscal.
Otro aspecto crítico es la hiperregulación. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan una carga administrativa considerable, debiendo cumplir con hasta treinta regímenes de retención y percepción. Esta situación no solo afecta la operativa de las empresas, sino que también contribuye a un entorno de alta informalidad que se estima entre el 45% y el 50% de la economía.
El informe de la UIA señala que, si se considera la informalidad, la presión fiscal en el sector formal de la economía se eleva a un alarmante 56%. Esto implica que las empresas formales están generando más valor para el Estado que para sus propios fines, creando un entorno insostenible para el desarrollo económico.
Ante este panorama, se hace imperativa una reforma fiscal profunda. Se han planteado diversas estrategias, como la implementación de un sistema de «Flat Tax», que podría simplificar y reducir la carga tributaria a niveles más razonables. Esta propuesta, impulsada por la Fundación Bases, sugiere un impuesto a las ganancias del 15% y un impuesto al valor agregado del 13%. Sin embargo, la resistencia de los gobiernos provinciales a reducir impuestos y gastos sigue siendo un obstáculo significativo.
Es esencial que la sociedad civil, junto con el sector empresarial, exija cambios en el sistema fiscal. La necesidad de un régimen tributario equitativo y sostenible se vuelve cada vez más urgente, mientras que el debate sobre la necesidad de un superávit fiscal se intensifica. La reforma fiscal no solo es necesaria, sino que requiere el respaldo de todos los sectores involucrados para lograr su implementación efectiva.
Fuente: La Nación
