La infraestructura aeroportuaria en Argentina se encuentra en un momento crítico. Un plan de modernización que supera los 600 millones de dólares para actualizar 35 terminales en todo el país se halla actualmente detenido, debido a la falta de acuerdo en la renegociación contractual entre el Estado y la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina.
El nudo del conflicto se centra en la revisión de la Proyección Financiera de Ingresos y Egresos (PFIE), un mecanismo destinado a garantizar el reequilibrio económico de la concesión, afectada por el impacto de la pandemia en el sector aéreo.
A pesar de que en 2020 se acordó una prórroga de la concesión hasta 2038, la empresa busca extender su contrato hasta 2056, con opción a 2066, para poder invertir a largo plazo y obtener financiamiento en mercados internacionales.
En 2025 se firmó un preacuerdo entre la compañía y el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal. Sin embargo, este acuerdo fue posteriormente anulado y las negociaciones se han visto obligadas a reiniciarse bajo la dirección de la actual titular del ORSNA, Noelia Ruiz.
La incertidumbre normativa ha llevado a que proyectos esenciales de ampliación y remodelación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el sector internacional del Aeroparque Jorge Newbery y en la terminal de Mendoza se encuentren congelados. Fuentes del concesionario indican que estas obras son críticas para mantener el flujo operativo en un contexto donde el sistema aerocomercial argentino ha registrado más de 50 millones de pasajeros en el último año.
Los fondos disponibles en el fideicomiso actual, que contemplan inversiones de 50 millones de dólares anuales hasta 2028, están al borde de su capacidad, lo que añade presión a la situación.
A pesar de esta incertidumbre, la empresa controlada por Corporación América, fundada por el empresario Eduardo Eurnekian, se presenta en la mesa de negociación con una posición financiera sólida. En el primer semestre, la compañía reportó una ganancia neta de 168.859 millones de pesos, un incremento del 72% en comparación con el mismo período del año anterior, y logró reducir su deuda financiera a 736.984 millones de pesos.
La resolución de esta situación no solo definirá las obras inminentes para la red nacional, sino que también se convertirá en un precedente sobre la seguridad jurídica y las normativas que la actual administración establecerá para las concesiones de infraestructura pública en el país.
Fuente: NA
