El Concejo Deliberante de Tigre ha dado luz verde a la construcción de una torre de 20 pisos sobre la Ruta 27, en una decisión que ha generado gran controversia. Esta autorización se realizó mediante una excepción a la norma urbanística que, apenas tres meses antes, había establecido un límite máximo de seis niveles para esa área, con el apoyo del bloque oficialista que responde al intendente Julio Zamora.
El proyecto, que se ubica en el terreno donde anteriormente funcionaba el colegio Northville, logró el respaldo de 12 concejales, de los cuales nueve pertenecen al bloque de Zamora, uno es de Juntos por Tigre y dos representan a La Libertad Avanza. La autorización se fundamentó en el artículo 17 de la ordenanza aprobada en abril, que permite al Concejo otorgar excepciones para determinados emprendimientos.
Este hecho ha suscitado un debate intenso, ya que la división de votos incluye posturas en contra del bloque Fuerza Tigre y algunos concejales de La Libertad Avanza. La oposición había advertido previamente sobre el riesgo de que el artículo 17 convirtiera las normas en reglas negociables.
La controversia se intensificó antes de la votación, cuando se conoció que el expediente ya tenía dictamen de comisión. A pesar de las solicitudes de aclaraciones por parte de la oposición, no se obtuvo una respuesta del oficialismo sobre los fundamentos técnicos que justifican el incremento de altura permitido.
Más allá del aspecto inmobiliario, este caso plantea serias dudas sobre la previsibilidad de la planificación urbana en Tigre. La decisión de activar excepciones tan rápidamente después de haber establecido límites de altura podría sentar un precedente que ponga en riesgo el ordenamiento territorial.
Históricamente, la Justicia había detenido nuevas autorizaciones para torres hasta que se revisaran los parámetros de altura y perfil urbano. Este nuevo desarrollo reabre el debate sobre la eficacia de las regulaciones vigentes y su cumplimiento por parte del Ejecutivo y el Concejo.
Por el momento, no se han encontrado elementos que declaren ilegal la aprobación ni que imputen un delito a los concejales que votaron a favor. Sin embargo, la crítica se centra en el uso de una cláusula que contradice la norma previamente establecida. Con la votación realizada, se espera que la gestión de Zamora publique el expediente completo y los estudios de impacto que avalen esta controversia.
Fuente: NA
