Los concejales de la capital, José María Canelada y Gustavo Cobos, han presentado dos notas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunciando lo que consideran intimaciones desproporcionadas a los usuarios de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Los escritos fueron entregados en la Casa de Gobierno y exigen un plan de acción urgente respecto a pozos y bocas de tormenta que carecen de tapa.
El primer documento cuestiona el sistema de cobro de la empresa estatal, mientras que el segundo solicita una intervención política directa tras el accidente de un niño de tres años en una boca de tormenta en Villa Luján. Canelada ha declarado que los vecinos que tienen dos o tres facturas impagas han recibido intimaciones por cantidades millonarias, que multiplican el capital original, calificando esta situación de extorsiva.
Además, se subraya la importancia de transparentar el uso de los fondos recaudados, ya que hasta el momento no se han presentado boletas individuales ni una resolución que declare ilegales estos cobros. El reclamo de infraestructura se ve respaldado por la caída del menor, quien fue rescatado y hospitalizado después de caer en una boca de tormenta ubicada en el pasaje Miguel Cané y Saavedra. Los residentes han reportado que han presentado quejas durante cuatro años, y que la reparación definitiva solo se realizó tras el accidente.
Por su parte, la SAT ha respondido que el robo de tapas de los pozos supera su capacidad de reposición. El titular de la empresa, Marcelo Caponio, indicó que han reemplazado 400 tapas en los últimos dos años, con un costo estimado de $200.000 cada una, y anunció la implementación de señalización preventiva y una línea para denunciar faltantes. No obstante, los vecinos han manifestado que la tapa en el lugar del accidente no fue robada, sino que estaba deteriorada y hundida dentro del pozo.
Cobos ha añadido que la cantidad de aberturas sin protección representa un peligro tanto para peatones como para conductores, y responsabiliza a Jaldo por la falta de una respuesta coordinada ante esta problemática. Aunque la denuncia política no equivale a una resolución judicial, el accidente y el reconocimiento oficial de la necesidad de reposiciones evidencian un riesgo real.
La gestión provincial se enfrenta a dos demandas que involucran a la misma empresa: la forma en que calcula y ejecuta las deudas de los usuarios, y cómo se priorizan los recursos para mantener segura una red que se encuentra en deterioro. Mientras que es legítimo recaudar para sostener el servicio, intimar sin una liquidación clara o dejar aberturas peligrosas sin protección requiere de una explicación pública.
Hasta el momento de la publicación, no se ha recibido una respuesta específica de Jaldo a los escritos presentados. El gobernador tiene la oportunidad de abordar el conflicto si ordena la publicación del protocolo de cobro, revisa los casos controvertidos y exige a la SAT un mapa actualizado de pozos, señalización, responsables y plazos de reparación.
Fuente: NA
